Respecto a la pregunta 6 de la entrada anterior, es importante insistir en que, como en cualquier instrumento de planificación a medio plazo, existe un período más o menos largo que podemos considerar "corto plazo" que debe tenerse en cuenta también dentro del plan para el sostenimiento de las familias (ya que si no los PMF sólo servirán para familias con más tierra o más desahogadas, lo cual no creo que sea así). En este plazo hay una serie de inversiones necesarias "a fondo perdido" que además son justificables de por sí como herramienta de lucha contra la pobreza, eso sí, buscando los mecanismos para la apropiación del plan por las familias de forma que no se "aprovechen" simplemente de las inversiones a corto plazo y deje de implementarse el plan después (para esto hay instrumentos como la "regulación comunitaria" a través de comités comunitarios sectoriales, o los convenios que se hacen con las familias), así como el apoyo y seguimiento por parte de las instituciones públicas (y en su defecto, las privadas, aunque deberían ser las públicas).
Por otro lado, hay servicios que prestarán las explotaciones con un plan de fincas en ejecución (si este es elaborado siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental, que debería ser especialmente importante en algunas zonas del país como las cabeceras de las cuencas, acorde con los planes de ordenación territorial), que deberían ser tenidos en cuenta a nivel supramunicipal, compensando a los dueños de estas explotaciones por esos servicios a la sociedad que no se incluyen en la valorización puramente económica. Lo que quiero decir es que es importante hablar aquí de los pagos por servicios ambientales o PSA (que no son "a fondo perdido", sino unos pagos por servicios dificilmente incluibles en la economía tradicional, y que sin embargo son claves para todo el país y deberían garantizar parte del sustento de las familias que los llevan a cabo sin dejarlas sólamente a merced del mercado). Algunas subvenciones ambientales en Europa tienen una justificación similar y podrían ser considerados PSA.
Partiendo de que hay muchos países en los que sus instituciones quizás no poseen recursos económicos suficientes o simplemente capacidades como para dar sostenibilidad a un sistema de pago por servicios ambientales (o simplemente subvenciones a buenas prácticas agroambientales), surge la duda de si con este sistema no se crearía otro mecanismo de dependencia o "deuda" externa de estos países con relación a los países, organismos o empresas que podrían financiar este sistema de pago por servicios ambientales.
El hecho de implementar unas ayudas a estos pagos por servicios ambientales a través de cooperación al desarrollo podría ser peligroso en mi opinión por dos razones:
- tanto por la dependencia creada por simplemente inyectar dinero a fondo perdido para estos PSA, sin un tejido institucional local desarrollado que lo canalice y asuma su responsabilidad (inyección que en cualquier caso sería justificable éticamente a nivel monetario por la enorme deuda ecológica que hay con latinoamérica, aunque no se justificaría desde el punto de vista de "buscar la igualdad de oportunidades de desarrollo" porque sería simplemente inyectar dinero sin ningún control lo que podría ser contraproducente),
-y en la medida que esos servicios ambientales sean una excusa para meter como ayuda al desarrollo cosas como los mecanismos de desarrollo limpio, cuando en muchas ocasiones simplemente lo que se busca es "plantar árboles en latinoamérica para fijar CO2 por parte de las empresas del Norte porque es más barato que mantener los ecosistemas en el sur", con lo que se crean "países-sumidero de carbono" (igual que había y hay "países-vertedero de resíduos variados"), coartando un desarrollo equilibrado de todos los sectores del país (con lo que también nos desviamos de lo que en mi opinión es la misión de la cooperación al desarrollo ("buscar la igualdad de oportunidades de definir y buscar el propio desarrollo de los pueblos"). Hay un informe de ISF que analiza estos mecanismos y su contribución al desarrollo.
La clave creo que es el fortalecimiento institucional con formación y herramientas como la autofinanciación a través de mecanismos de tributación "solidaria" como el catastro y otros, lo cual en latinoamérica tradicionalmente se ha ignorado, nunca pagan impuestos los ricos..., el tema de aranceles, o se eliminan todas o se da libertad a todos para que los pongan, etc.etc. Dado que se trata de servicios básicos ambientales lo que se está generando (zonas de recarga de acuíferos, fijación de CO2 y demás), deberían ser "res publica" y como tal asumidos por el Estado con la supervisión de las estructuras participativas correspondientes que también habría que fortalecer, como comités de cuenca, comunitarios y otros existentes (teniendo muy presente la legislación del país).
Esto es un poco creo yo la base "filosófica" de por qué se ha estado trabajando con ese enfoque en Nica, incluyendo elementos de fortalecimiento institucional, pasta "a fondo perdido" para los PMF, fortalecimiento comunitario, etc.
1 comentario:
Buen artículo, e interesantes las dos precauciones sobre los PSA. Estoy muy de acuerdo con el segundo, pero no tanto con el primero. Creo que los PSA resuelven un problema que antes no tenía solución: que el campesino puede obtener más provecho de su tierra depredándola, y luego marchándose a otro lado. Pierde la sociedad, pero no él. Sólo pagando para que no lo haga podrá resolverse esto. Buen foro!
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